La jefa comunal destacó el avance legislativo que abre la posibilidad de postergar hasta 2035 el traspaso de establecimientos municipales, una demanda que ha defendido ante el Gobierno y el Congreso Nacional.
Un importante avance para el futuro de la educación pública de Sierra Gorda y Baquedano se concretó este lunes 9 de noviembre, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara y despachara a ley el proyecto que flexibiliza el traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La iniciativa, aprobada en general por 76 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, establece nuevas condiciones para que municipios con buenos indicadores educativos y financieros puedan solicitar la postergación del traspaso, contemplando la posibilidad de mantener la administración de sus establecimientos hasta 2035.
Este avance legislativo se produce tras una intensa agenda de gestiones encabezada por la alcaldesa Adriana Rivera Vega, quien llevó la demanda de Sierra Gorda y Baquedano hasta La Moneda, el Ministerio de Educación y el Congreso Nacional, sosteniendo reuniones con el Presidente de la República, autoridades ministeriales y la presidencia del Senado, para impulsar una solución que reconociera las particularidades de las comunas rurales.
“Hoy damos un paso histórico en la defensa de nuestra educación pública. Golpeamos puertas en La Moneda, en el Congreso y en el Ministerio de Educación, llevando siempre la voz de Sierra Gorda y Baquedano. Esta aprobación demuestra la importancia de insistir y defender nuestras demandas. Pero nuestra tarea no termina aquí: seguiremos trabajando para proteger lo que hemos construido, porque el futuro de nuestros niños y jóvenes se defiende con hechos, no solo con palabras”, expresó la alcaldesa Adriana Rivera Vega.
Desde el municipio destacaron que este nuevo escenario legislativo abre oportunidades para resguardar la continuidad de su proyecto educativo comunal, reafirmando el compromiso de seguir impulsando las gestiones necesarias para que Sierra Gorda pueda acogerse a los mecanismos de postergación contemplados en la normativa.
